La detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos –y su implicación con el narcotráfico– es solo una muestra de que el Ejército mexicano no es una institución impoluta, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería revertir el poder y papel protagónico que le ha otorgado a las fuerzas armadas en su administración, particularmente en la seguridad pública.
Especialistas en seguridad consultados por Expansión Política consideran que el presidente López Obrador debería investigar no solo la red de corrupción y complicidad entre Cienfuegos y miembros de la Sedena, sino a toda la institución porque los señalamientos de narcotráfico y lavado de dinero son solo una muestra de la corrupción y acciones ilícitas en las que han incurrido sus integrantes por décadas.
“Por lo que se refiere a la historia del narcotráfico, si uno rasca un poquito más en la historia mexicana, se va a dar cuenta que los militares tienen muchos años involucrados en esto, y hay muchas historias alrededor de este problema de involucramiento”, sostiene el sociólogo especializado en crimen y delincuencia organizada en El Colegio de México (Colmex), Arturo Alvarado Mendoza.
Y es que desde que inició su administración, López Obrador vio en las fuerzas armadas a su gran aliado .
En cuestión de meses, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina pasaron a ocuparse de un sinfín de actividades: de sólo tener a su cargo la seguridad nacional se les asignó la seguridad pública, se les pidió a contener la migración centroamericana con destino a Estados Unidos, se les otorgaron contratos para construir sucursales del Banco del Bienestar, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, entre otras obras. Esta semana, con el control de los puertos y aduanas, las fuerzas armadas podrían sumar una facultad más, alcanzando así 15 tareas.
Alvarado recuerda que, históricamente, cada presidente de México le ha dado un uso a las fuerzas armadas del país:
“Ha sido utilizado sistemáticamente para muchos actos de represión, espionaje, hasta para cuestiones electorales; es decir, como institución se le ha usado por los distintos regímenes a manera de tratar de reprimir o ganar políticamente con el uso de los militares”.
Si bien con el paso de los años las fuerzas armadas habían sido objeto de polémicas en su desempeño, por ejemplo, por su presunta participación en la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural Isidro Burgos, por la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, así como múltiples violaciones de derechos humanos, la detención de quien fue la cabeza de la Sedena cimbró a la institución, pues se trata de uno de los perfiles de más alto nivel de un gobierno.
Para Alvarado Mendoza estos señalamientos no son nuevos, solo que ahora “están cayendo piezas importantes”.
Esperar más detenciones
En tanto para el investigador de la UNAM y experto en seguridad pública, Raúl Benítez Manaut, la detención de Salvador Cienfuegos no será la única.
“Sí, se pueden esperar más detenciones, porque la costumbre de los políticos mexicanos es refugiar su dinero en Estados Unidos… De Genaro García Luna las primeras sospechas que tuvieron de él fueron por transferencias de dinero de Letonia a Miami, de su amigo el israelita que le daba contratos. Entonces, los gringos los van observando y les abren carpetas de investigación inmediatamente”, apunta.
Con el paso del tiempo y sobre todo en esta administración, las fuerzas armadas han concentrado más poder, recursos económicos, pero sin fiscalizaciones, lo que empoderó aún más a esta institución.
Las implicaciones de la detención y acusaciones contra quien presuntamente era apodado como “El Padrino” no se limitan al ámbito legal, también cobrarán factura a la institución que López Obrador califica de honesta, confiable y leal.
El presidente ofreció realizar una revisión y limpia en su gobierno para sacar de su administración a cualquiera que esté involucrado con Cienfuegos Zepeda, pero dijo que lo hará hasta que se determine en Estados Unidos si es o no culpable de los delitos que se le imputan.
Sobre la relevancia del Ejército en el actual sexenio, el colectivo Seguridad sin Guerrera consideró, a través de un posicionamiento, que es irresponsable continuar con la militarización de las funciones gubernamentales, pues el problema de corrupción o vínculos con el narcotráfico no se limitan a la persona de Cienfuegos Zepeda, sino alcanzan a toda la institución.
El presidente no sólo se debería de repensar o reconsiderar el poder que le ha dado a las fuerzas armadas, debería revertirlo”
En México, aunque no existe ninguna investigación en contra del general en retiro, los expertos consideran que la Fiscalía General de la República debería iniciar la propia o podría caer en omisión.
“No hacerlo, no iniciar una investigación propia desde la Fiscalía General de la República, habría que analizar las responsabilidades penales del fiscal y el presidente de la República y funcionarios que tiene responsabilidades precisas en este gobierno y que no dan conocimiento de probables hechos delictivos”, asegura Lecona.
Debe revertirse la militarización de la seguridad
Para los especialistas, esta presunta relación entre un secretario con el cártel H-2 y con Juan Francisco Patrón, que dirigía la facción de los Beltrán Leyva, deberían orillar al presidente a quitarle a las fuerzas armadas su facultad en la estrategia de seguridad pública.
Lo anterior, explican, porque el mandatario federal ha criticado que la seguridad del país en el sexenio de Felipe Calderón estuviera en manos de Genaro García Luna, vinculado a proceso en Estados Unidos por narcotráfico y por brindar protección al Cártel de Sinaloa.
La tendencia es hacia una militarización policial y a una utilización impresionante abusiva del Ejercito para tareas de seguridad pública, esto debería de replantearse a la luz de lo sucedido con Cienfuegos”.
Alfredo Lecona explica que, para desmilitarizar al país, el Congreso de la Unión aprobó la creación de la Guardia Nacional, que tendría mando civil, sin embargo, la semana pasada, se emitió un documento en el que se transfirió la coordinación operativa de esa institución de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Todo se ha hecho con el argumento de que las fuerzas armadas están exentas de corrupción”, recuerda el integrante de Seguridad sin Guerra.
