Luego del encuentro que tuvieron los padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer los avances de las investigaciones sobre dichos acontecimientos.
El subsecretario de la Segob, Alejandro Encinas, informó que, de 89 órdenes de aprehensión en torno al caso, se han ejecutado 49 y están pendientes 40; en tanto que se han entregado diversas evidencias a la Fiscalía General de la República (FGR) para su judicialización.
Encinas destacó la entrega, a la FGR y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de 31 mil 238 documentos, la mayor parte, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como las siguientes cantidades de expedientes de algunas corporaciones, incluida el Ejército mexicano:
- Sedena: 17 mil
- Cisen: 3 mil 800
- Segob: mil 831
- Policía Federal: 2 mil 410
Además de lo anterior, se proporcionaron 40 videos de interrogatorios hechos en ese entonces por la FGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Encinas dijo que, desde el inicio, la idea central era brindar toda la información de las dependencias sobre el caso Ayotzinapa, para la identificación de los sitios de búsqueda y romper el pacto de silencio.
Inconsistencias de la “verdad histórica”
Encinas dijo que, con todo el material que se ha entregado a las autoridades correspondientes, se ha realizado la recreación de los hechos y se han acreditado inconsistencias de la llamada “verdad histórica”, declarada en enero de 2015, luego de agotar los recursos periciales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sobre las pesquisas en las tareas de búsqueda de los estudiantes.
La versión oficial de la pasada administración apuntaba que un grupo de narcotraficantes creyó que los jóvenes que llegaron a Iguala la noche del 26 de septiembre eran de un cartel rival, por lo que los mataron y luego incineraron sus cuerpos, cuyos restos los arrojaron a un basurero y a un río.
Este viernes, Encinas recalcó que una de las principales conclusiones que destacan los informes presentados a los padres de los normalistas es que “en ningún momento hubo vinculación entre el grupo de víctimas y los agresores.
Además, se han iniciado procedimientos penales sobre esa averiguación “hecha a modo”.
Continúa búsqueda de los 43 de Ayotzinapa
Otro avance presentado es que se continúa la búsqueda de los normalistas; por ahora, explicaron que las labores están concentradas en 5 municipios, mientras que se han realizado 55 acciones de este tipo, producto del cual se han recuperado 27 cuerpos ubicados en el sitio conocido como la Barranca de Carnicería.
La Barranca de Carnicería es un sitio en el que se han estado encontrando restos, hallazgos que ponen en duda la “verdad histórica”. Ahí, se ha conseguido la identificación plena de tres estudiantes:
- Alexander Mora
- Christian Alfonso Rodríguez Telumbre
- Jhosivani Guerrero de la Cruz
Precisaron que algunos restos, encontrados durante las jornadas, se enviaron a un laboratorio de la Universidad Innsbruck; éstos resultaron negativos a las pruebas de identificación de cuerpos de los jóvenes normalistas.
La Barranca de la Carnicería es un gran avance; romper el silencio nos ha ayudado a a avanzar (…) a dos años hemos tenido la identificación plena de estudiantes, 80 órdenes de aprehensión, y avanzar en la narrativa de los hechos y sanar una investigación que estuvo mal conducida. De estas 80 órdenes, 30 tienen que ver con la desaparición de los estudiantes
Omar Gómez Trejo, fiscal Especial para el caso Ayotzinapa.
La extradición de Tomás Zerón
Alejandro Encinas también habló de los esfuerzos que se han realizado para traer de Israel a Tomás Zeron de Lucio; señaló que el Gobierno de México ya envió una carta a las autoridades de Israel para que faciliten la extradición del exfuncionario.
El jueves, un juzgado negó a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la extinta PGR, la suspensión de una orden de aprehensión en su contra, pues es sospechoso de tortura en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
