El colectivo #FiscalíaQueSirva, integrado por decenas de organizaciones civiles y ciudadanos, exigió este jueves frenar la selección del fiscal anticorrupción, bajo el argumento de que el proceso de designación que lleva el Senado no ha sido transparente y que, con la legislación actual, la persona que sea elegida no contará con independencia para actuar e investigar posibles hechos de corrupción de manera eficaz y autónoma.
Antes de que este nuevo funcionario sea nombrado, señalaron las ONG, es necesario reformar el artículo 102 de la Constitución para dotar a la fiscalía especializada de la estructura suficiente y de los medios para trabajar, así como que la Procuraduría General de la República (PGR) cumpla con su función de perseguir delitos.
En conferencia de prensa, Miguel Sarre, exombudsman de Aguascalientes y exaspirante a fiscal anticorrupción, señaló que la fiscalía especializada es inviable por el momento.
“Si esto (la Fiscalía General de la República que sustituirá a la PGR) no se mueve, ¿se va a poder mover esta fiscalía especializada? Para nada. Tenemos el freno de mano puesto”, aseguró.
Sarre, exmiembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura en la ONU, argumentó que él mismo abandonó la competencia por esta posición porque considera que actualmente no hay condiciones para que la fiscalía anticorrupción cumpla con las expectativas de la sociedad.
En su opinión y en la de otros miembros del colectivo, para esto es necesario cambiar la Constitución y garantizar su completa autonomía. Hoy por hoy —dijeron—, la ley deja a este órgano subordinado orgánicamente a la PGR, cuyo titular es Raúl Cervantes, un funcionario cercano al presidente Enrique Peña Nieto y de quien depende jerárquicamente.
“Tanto el presupuesto adscrito a dicha fiscalía especial anticorrupción como la designación, transferencia y remoción del personal adscrito a dicha fiscalía dependerán del procurador general de la República”, afirmó el colectivo en un comunicado.
Designación dudosa
Además de los riesgos que hay en la posible subordinación de la fiscalía especial a la PGR, el colectivo consideró que hay otros en el proceso de designación, en el que estima que no hay elementos que garanticen la transparencia y el acompañamiento de organizaciones civiles.
Este jueves y viernes se iban a llevar a cabo las comparecencias de los 30 aspirantes a fiscal anticorrupción —inicialmente eran 32, pero dos de ellos declinaron a participar en el proceso: Sarre y la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), Ximena Puente—. Sin embargo, las comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado acordaron modificar el calendario.
La presidenta de la Comisión de Justicia, la panista Pilar Ortega, dijo que esto se debió a que los senadores estaban revisando la forma de insertar a la sociedad civil en la revisión de los perfiles.
En ese contexto, los legisladores pactaron que este viernes 10 de marzo se haga el nombramiento de los integrantes de un Comité de Acompañamiento que revise las candidaturas, y que las comparecencias se realicen la próxima semana.
Pero de acuerdo con Alfredo Lecona, activista e integrante del colectivo, este Comité de Acompañamiento solamente podrá hacer recomendaciones, observaciones y comentarios, lo que significa que no tendrá una injerencia real y que el fiscal será elegido por los coordinadores de los partidos en el Senado.
“(Esto) es un proceso de simulación”, criticó Lecona en rueda de prensa.
