Miles de indígenas de Chiapas, entre ellos mujeres embarazadas, niños enfermos y ancianos, fueron forzados a desplazarse a las montañas, por un viejo conflicto territorial que recientemente degeneró en ataques armados en los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán desde noviembre.
Se trata de una disputa agraria de 40 años en los límites de ambos municipios, dos municipios de Chiapas cuyos habitantes pertenecen a la las etnias Tzotzil y Tzetzal.
La Diócesis de San Cristóbal aseguró que “grupos armados ilegales han provocado un ambiente de terror en las comunidades de Chalchihuitán, provocando el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas, que se encuentran en condiciones de gran precariedad y sometidas a la intemperie”.
Los desplazados tuvieron que huir con lo que traían puesto, sobreviven en condiciones precarias. Sin medicamentos, sin abrigo, sin techo dónde dormir, sin comida y sin agua.
“A punta de balazos”
La mecha del conflicto se encendió el 18 de octubre, tras el asesinato de un indígena en Chalchihuitán, cuyo cadáver fue encontrado en su parcela del área en disputa con Chenalhó.
Desde entonces, hombres fuertemente armados irrumpieron en Chalchihuitán quemando viviendas y obligando a sus habitantes a irse a punta de balazos, según testimonios de sacerdotes locales. Luego, habitantes de Chenalhó abrieron zanjas con maquinaria pesada para bloquear los caminos entre ambos municipios y las escuelas de la zona fueron cerradas.
Comienzan las acciones
De acuerdo con Juan Gómez, secretario de gobierno de Chiapas, se estableció un “puente aéreo para reforzar el traslado de medicamentos y personal médico a las comunidades afectadas”, y aseguró que se entregarían 4,000 despensas y cobertores a través de las iglesias locales.
También señaló haber instalado “mesas de diálogo permanente” con los alcaldes de Chenalhó y Chalchihuitán, y que la solución a las diferencias territoriales sigue un cauce jurídico en el Tribunal Unitario Agrario, de quien se espera emita su fallo lo más pronto posible.
El gobierno del estado dio a conocer que en los próximos días, representantes del Alto Comisionado de las Naciones para Refugiados (ACNUR) y la FAO visitarán la zona para realizar un informe e implementar programas de producción de alimentos.
Suman 11 muertos
A más de un mes de haber sido despojados de sus pocas pertenencias, los indígenas tzotziles han enterrado a 11 muertos. El último, Raymundo Luna Pérez, de 18 años, falleció el 18 de diciembre.
Era originario de la comunidad de Chén Mut, del municipio de Chalchihuitán. De acuerdo con el párroco de Simojoven, Marcelo Pérez Pérez, el joven sufría estrés y desesperación por regresar a su hogar.
El 15 de noviembre, un bebé recién nacido murió a causa de las malas condiciones de vivir en la montaña. Adriana Pérez Pérez, Ernestina Sánchez Pérez, María Pérez Luna y la hija de Ernestina Sánches Pérez han sido los otros infantes que perdieron la vida en este éxodo.
Las otras víctimas son: Domingo Girón Luna, de 70 años; Martín Girón Rodríguez, de 80; Marcelino Gómez López, de 60; María Domínguez Gómez, de 57, y Mariano Pérez Aguilar, de 67 años respectivamente.
